Contar con una política clara de repostaje y uso de métodos de pago de combustible es clave para reducir costes, mejorar el control y evitar usos indebidos en las flotas corporativas.

El pago de kilometraje en los desplazamientos profesionales en España alcanzó los 0,30 euros/km en 2025, el nivel más alto de los últimos diez años. Así lo recoge el Informe Kilometraje 2026 de Tickelia, que señala que este incremento está impulsado principalmente por la inflación y el encarecimiento de los carburantes.

Son muchos los factores que componen e inciden en el coste que pagamos cuando apretamos el gatillo del surtidor de la estación de servicio. Desde impuestos al propio valor del carburante. Pero, ¿cómo se dividen estos costes concretamente?

Uno de cada tres conductores considera este periodo como el más peligroso del año, marcado por el aumento del tráfico, las imprudencias y el deterioro de las carreteras.

La combinación de polen, contaminación y síntomas físicos impacta directamente en la seguridad al volante.

El Gobierno activa un nuevo paquete de ayudas, incluyendo bonificaciones directas por litro y una rebaja del IVA de los carburantes, según el real decreto publicado en el BOE el pasado sábado.

El Real Decreto 7/2026 publicado el sábado no sólo contempla rebajas en el precio del carburante sino que refuerza la Ley de Movilidad Sostenible al obligar a las empresas a implantar planes de movilidad al trabajo en un plazo de 12 meses.

La Unión Europea destinó 67.000 millones de euros a la importación de petróleo para automóviles en 2025, una factura energética que podría reducirse de forma significativa con una mayor adopción del vehículo eléctrico. Según un análisis de Transport & Environment (T&E), acelerar la electrificación del parque automovilístico permitiría recortar estas importaciones en 45.000 millones de euros entre 2026 y 2035.