¿Qué implica la nueva Ley de Movilidad Sostenible para las flotas y la movilidad de las empresas?

Tras casi 3 años intentando salir adelante, finalmente el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Movilidad Sostenible. Entre sus numerosos capítulos, introduce obligaciones para las empresas, incentivos a la electrificación y un marco legal que da acceso a los fondos europeos de movilidad.

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor y solo 4 abstenciones.
La norma - que en menos de 3 meses debería pasar al Senado para completar su tramitación - constituye un nuevo marco jurídico integral para el transporte y la movilidad en España, alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Se trata además de una de las reformas estructurales incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, es una reforma imprescindible para el desembolso de cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos destinados a la descarbonización del transporte.

Movilidad como derecho y electrificación como eje

Por primera vez, la ley reconoce la movilidad como un derecho ciudadano, que las administraciones deberán garantizar bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y cohesión territorial.
El transporte, responsable del 29 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, se convierte así en uno de los pilares del proceso de descarbonización y electrificación de la economía española.

Entre las disposiciones más relevantes, hay que destacar:

• Neutralidad climática del transporte: el sector deberá alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050.
• Actualización de las etiquetas ambientales de la DGT para adaptarlas a la evolución tecnológica de los vehículos eléctricos e híbridos.
• Fomento del uso de energías renovables y de la recarga eléctrica en infraestructuras y edificios vinculados al transporte.
• Electrificación del transporte ferroviario y medidas específicas para reducir vuelos domésticos y fomentar la intermodalidad.

"Esta ley es una reforma imprescindible conseguir cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos destinados a la descarbonización del transporte"

Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo: obligación empresarial en 2027

La ley establece la obligación de elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) para las empresas y grandes centros de actividad con más de 200 trabajadores (o 100 por turno).
Estos planes deberán aprobarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley. Es decir, y si la ley no se “entretiene” demasiado en el Senado, antes de finales de 2027.

Los PMST deberán incluir medidas como:

• Promoción de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o compartidos.
• Instalación de puntos de recarga en aparcamientos corporativos.
• Incentivos al transporte colectivo de empresa o lanzaderas.
• Gestión flexible de horarios y teletrabajo para reducir desplazamientos.
• Medidas de sensibilización y formación en movilidad sostenible.

El texto también prevé la creación de subvenciones específicas para las empresas y la figura del gestor de movilidad, responsable de la implantación y seguimiento de los planes.

Además, la negociación colectiva deberá incorporar medidas de movilidad sostenible, tras la modificación del Estatuto de los Trabajadores.

Plan nacional para renovar y electrificar el parque automovilístico

Una de las medidas más reclamadas por fabricantes y concesionarios es la elaboración de un Plan de Renovación del Parque Automovilístico Español, orientado a incentivar la sustitución de vehículos antiguos por modelos de bajas o cero emisiones.
Este plan afectará tanto a vehículos particulares como a flotas corporativas, de renting y transporte profesional, y busca acelerar la transición hacia una flota electrificada y más segura.

"La nueva ley no especifica ni concreta el montante de ayudas y cuantías referente a los planes de movilidad o al plan de renovación del parque"

Red nacional de recarga rápida y medidas energéticas

Para garantizar la transición eléctrica, la ley declara de utilidad pública las instalaciones de recarga eléctrica de alta potencia (más de 3.000 kW), agilizando su tramitación administrativa e incluso la expropiación de terrenos cuando sea necesario.
Las gasolineras con ventas superiores a 10 millones de litros anuales estarán obligadas a instalar puntos de recarga de al menos 400 kW (600 kW a partir de 2027).
Asimismo, se establece la señalización específica de estaciones de recarga ultrarrápida en la Red de Carreteras del Estado.

Estas medidas se completan con la creación de un Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), que servirá como base para la digitalización del transporte y permitirá a empresas y administraciones acceder a información unificada sobre movilidad, emisiones y eficiencia.

Más transparencia y eficiencia en la inversión pública

El texto legal introduce también mecanismos para garantizar la rentabilidad socioambiental de las inversiones en transporte, con criterios de transparencia, evaluación ex ante y rendición de cuentas.
Con ello, el Gobierno pretende asegurar que cada euro invertido contribuya a una movilidad más limpia, digital y centrada en las personas.

De momento, la nueva ley no especifica ni concreta el montante de ayudas y cuantías referente a los planes de movilidad o al plan de renovación del parque. Pero sí es el primer paso para establecer un marco jurídico y normativo que debería permitir en los próximos meses tener algo más de concreción.