La UE plantea suavizar los objetivos eléctricos de las flotas corporativas

Los principales grupos del Parlamento Europeo habrían alcanzado un acuerdo para que los objetivos de vehículos de cero y bajas emisiones previstos para las grandes empresas en 2030 y 2035 dejen de ser obligatorios.

La futura regulación europea sobre vehículos corporativos limpios afronta esta semana una votación clave en el Parlamento Europeo después de varios meses de negociación y de la presentación de cientos de enmiendas al texto inicialmente planteado por la Comisión Europea.

Las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Transportes (TRAN) tienen previsto votar el próximo 4 de noviembre su posición sobre el Reglamento de Vehículos Corporativos Limpios (Clean Corporate Vehicles), una normativa con potencial impacto directo sobre las políticas de adquisición de vehículos de las grandes empresas europeas.

Las últimas negociaciones apuntan, sin embargo, a una flexibilización significativa de la propuesta inicial.

Según las informaciones disponibles sobre el compromiso alcanzado el 21 de octubre entre PPE, Socialistas y Demócratas y Renew Europe, los objetivos nacionales de electrificación previstos para 2030 y 2035 pasarían de ser obligatorios a tener carácter indicativo. Es decir, que no serían vinculantes ni de obligado cumplimiento.

De confirmarse en la votación, los Estados miembros mantendrían unas referencias de penetración de vehículos limpios, pero dispondrían de mayor flexibilidad para determinar cómo avanzar hacia ellas.

España: 55% de vehículos limpios en 2030

La propuesta inicial de la Comisión establece objetivos diferentes para cada Estado miembro en función, entre otros factores, de su capacidad económica.

En el caso de España, para las nuevas matriculaciones de turismos corporativos realizadas por grandes empresas se establece como referencia para 2030 un 55% de vehículos de cero y bajas emisiones, dentro del cual al menos un 36% deberían ser vehículos de cero emisiones.

Para 2035, las referencias inicialmente planteadas ascienden al 76% de vehículos de cero y bajas emisiones y al 64% de cero emisiones.

El compromiso alcanzado entre los principales grupos parlamentarios mantendría estos porcentajes, aunque perderían su carácter obligatorio.

Solo para grandes empresas

Otro de los aspectos que se mantendría sin cambios es la definición de empresa incluida en el ámbito de aplicación.

La propuesta considera gran empresa aquella que supera al menos dos de tres criterios: 25 millones de euros de balance, 50 millones de euros de facturación neta o una plantilla media de 250 trabajadores.

La Comisión optó por concentrar inicialmente la regulación en este tipo de compañías para evitar una carga financiera y administrativa adicional sobre las pymes.

La normativa tampoco establecería inicialmente una obligación individual idéntica para todas las empresas. Los objetivos corresponderían a cada Estado miembro, que tendría margen para decidir las políticas necesarias para avanzar hacia ellos.

Híbridos enchufables a debate

Otro de los puntos abiertos es qué tecnologías podrán contabilizarse para alcanzar los objetivos.

La propuesta de la Comisión distingue entre vehículos de cero emisiones, fundamentalmente eléctricos de batería o pila de combustible, y vehículos de cero y bajas emisiones, categoría que puede incluir determinados híbridos enchufables siempre que sus emisiones oficiales se sitúen por debajo de 50 g de CO₂/km.

Sin embargo, los cambios previstos en el método europeo de cálculo de emisiones de los PHEV podrían hacer que muchos híbridos enchufables dejen de cumplir este límite en los próximos años. Por este motivo, en la práctica, el cumplimiento de los objetivos podría apoyarse cada vez más en vehículos completamente eléctricos.

Planes nacionales cada dos años

Los Estados miembros tendrían además que elaborar planes nacionales periódicos explicando las medidas adoptadas para favorecer la incorporación de vehículos de cero y bajas emisiones en las flotas corporativas.

Estos planes podrían incluir políticas fiscales, infraestructura de recarga, incentivos a la adquisición u otras medidas destinadas a facilitar la transición.

La votación del 4 de noviembre permitirá conocer si el compromiso alcanzado entre los principales grupos obtiene finalmente el respaldo de las comisiones ENVI y TRAN.

Posteriormente, el expediente deberá continuar su tramitación en el pleno del Parlamento Europeo y negociarse con el Consejo antes de que exista un texto definitivo.