Un plan que pasa por la instalación de 1.000 estaciones de recarga distribuidas por todo el territorio español durante los próximos años, intensificando su presencia en los principales corredores del país. Lógicamente, se apoyará en su red capilar de más de 3.300 estaciones de servicio.

“Nuestra intención es desarrollar una red capilar con un punto de carga rápida cada 50 kilómetros en las grandes vías y corredores y complementar esa red con puntos de carga ultra-rápida en emplazamientos estratégicos”, afirma Carlos Bermúdez, Gerente Comercial de Movilidad Eléctrica de Repsol. En estos momentos la compañía ya ha instalado más de 1.300 puntos de recarga para particulares, empresas y lugares públicos.

Por otro lado, también seguirá ofertando servicios para el ámbito vinculado con instalación ‘llave en mano’ en garajes particulares, comunitarios y empresas, tarifas eléctricas específicas y servicios adicionales como el mantenimiento de dicho terminal y el suministro de energía de origen 100% renovable.

Acuerdos estratégicos

Repsol ha firmado en estos últimos tiempos importantes acuerdos estratégicos para el despliegue de una red importante de puntos de recarga.
Un acuerdo con Nissan prevé, en una primera fase, el despliegue conjunto de 15 puntos de carga rápida en estaciones de servicio de Repsol distribuidas por toda la geografía española, con una potencia de 50 kW. Estos 15 puntos de carga rápida se añadirán a los 70 que actualmente ya tiene operativos el grupo energético.

Repsol también mantiene una alianza con el Grupo Kia, quien actúa como prescriptor en los concesionarios de los servicios de recarga de Repsol como solución preferente.

La compañía ha alcanzado convenios de colaboración para la instalación de puntos de recarga con diferentes empresas. Entre otros, ha acordado la instalación de puntos para vehículos eléctricos de los servicios médicos de Asisa; para furgonetas de reparto de última milla de Condis y para vehículos de Ricoh.

La cooperación también es importante con la administración pública, firmando convenios para desarrollar infraestructura en la vía pública con los ayuntamientos de Zaragoza, Santander o Madrid, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote o con varias administraciones vascas.