La gestión de la movilidad corporativa se ha convertido en un elemento clave de la regulación laboral y de las políticas de sostenibilidad en toda Europa. A medida que los gobiernos avanzan hacia la neutralidad climática, también lo hace la legislación que regula los desplazamientos diarios de los empleados y su impacto en la calidad del aire.
El transporte relacionado con el trabajo, especialmente los desplazamientos entre el hogar y el lugar de trabajo, representa una proporción significativa de las emisiones del transporte y del tráfico urbano. Por ello, distintos países europeos han introducido mecanismos legales que exigen o incentivan a las empresas a asumir un papel activo en la forma en que sus empleados se desplazan.
En consecuencia, la gestión de la movilidad corporativa ha dejado de ser una iniciativa voluntaria de responsabilidad social corporativa y, en algunos países, se ha transformado en una obligación legal estructurada y concreta. Es el caso de España, con la reciente aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible. Pero también de muchos otros países europeos.
La consultora especialista FleetCompetence en movilidad corporativa ha analizado las diferencias entre las distintas regulaciones de los principales países del Viejo Continente. Un análisis que permite comparar los diferentes enfoques adoptados tanto en alcance como en intensidad. Algunos imponen obligaciones financieras directas a los empleadores, mientras que otros dependen de marcos voluntarios y de incentivos fiscales o reputacionales.
BélgicaLa legislación federal belga obliga a las empresas con más de 100 empleados a realizar una encuesta sobre los desplazamientos cada tres años y reportar los resultados a la autoridad federal de movilidad. Esto busca informar e incentivar soluciones de movilidad sostenible. Desde 2019, el Presupuesto de Movilidad (Mobility Budget) ofrece un esquema flexible y fiscalmente eficiente para promover desplazamientos sostenibles. Los empleados con derecho a coche de empresa pueden intercambiarlo o renunciar a él a cambio de un presupuesto flexible que puede destinarse a tres opciones:
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FranciaEl marco regulatorio francés es más estricto y sólido. Por un lado, el reembolso del transporte público (al menos 50%) es obligatorio. Además, las empresas con 50 o más empleados deben negociar medidas de movilidad o implementar un Plan de Movilidad (PDME) según la Ley de Movilidad (LOM). También se puede ofrecer de manera opcional una asignación de movilidad sostenible hasta un límite fijado por la normativa para fomentar el uso de modos de transporte de bajo carbono. |
AlemaniaLa legislación federal alemana no establece una obligación general para implantar planes estructurados de movilidad corporativa o de desplazamiento a la empresa. La gestión de la movilidad se considera un instrumento estratégico voluntario, respaldado principalmente por guías, marcos de referencia y programas de financiación pública, más que por obligaciones legales estrictas. Existen, no obstante, factores regulatorios indirectos. Las grandes empresas y aquellas cotizadas deben reportar emisiones de CO₂ relacionadas con la movilidad según la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y los Estándares Europeos de Información de Sostenibilidad (ESRS), especialmente en categorías de Scope 3 como viajes de negocios y desplazamientos de empleados. Además, algunas autoridades locales y marcos de contratación pública pueden incluir requisitos de sostenibilidad o movilidad en procesos de aprobación, financiación o licitación. Estas obligaciones son descentralizadas y dependen del contexto local, no uniformes a nivel nacional. |
ItaliaTanto empresas privadas como administraciones públicas deben preparar un Plan de Movilidad (PSCL) y designar un Responsable de Movilidad si cuentan con más de 100 empleados en un único centro operativo ubicado en municipios con más de 50.000 habitantes, capitales regionales o ciudades metropolitanas. Si una empresa tiene múltiples centros, el umbral de 100 empleados se aplica por centro. Los planes buscan reducir el uso del automóvil privado y promover alternativas sostenibles, como el carpooling, el uso de bicicleta o transporte público, pero no establecen obligaciones de reembolso económico específicas. |
Países BajosLas empresas con más de 100 empleados deben informar anualmente sobre la movilidad laboral y los desplazamientos de sus empleados (distancias, medios de transporte, tipo de combustible) a las autoridades. El gobierno neerlandés planea elevar el umbral a 250 empleados a partir de enero de 2027, de manera que solo las empresas con más de 250 trabajadores estén sujetas a la obligación de reporte. La información recopilada sirve como base para reducir las emisiones totales de CO₂ derivadas de la movilidad laboral y podría dar lugar a la implementación de límites adicionales de emisiones. |
SuizaA nivel federal no existe obligación legal de reembolsar los costes de desplazamiento ni de implementar planes de movilidad nacionales. Generalmente, los beneficios para empleados derivan de políticas voluntarias de recursos humanos. No obstante, en algunos cantones, como Friburgo, la normativa obliga a empresas con más de 50 empleados a preparar planes de movilidad para organizar los flujos de desplazamiento, incluyendo los traslados de los trabajadores. Estas regulaciones varían según la región. |
Reino UnidoEl Reino Unido no impone formalmente obligaciones de planificación de movilidad ni reembolsos obligatorios para los desplazamientos. Sin embargo, la movilidad laboral se integra cada vez más en los marcos de reporte de emisiones de carbono (SECR), divulgación de emisiones Scope 3, condiciones de planificación local y políticas de calidad del aire en grandes ciudades. Paralelamente, el país cuenta con uno de los sistemas fiscales más desarrollados de Europa para la movilidad: programas Cycle to Work, esquemas Salary Sacrifice EV y tasas muy incentivadas para vehículos de empresa de bajas emisiones. Como resultado, la gestión de la movilidad en el Reino Unido está determinada menos por la obligación legal y más por la gobernanza de carbono, los incentivos fiscales, los requisitos de planificación y el escrutinio de inversores, lo que la convierte en un factor estratégico y reputacional para grandes empresas y multinacionales. |
Como se puede observar, los desplazamientos de la fuerza laboral de una empresa ya no son un asunto puramente privado, sino que deben integrarse en la estrategia corporativa y de sostenibilidad. De ahí que adoptar medidas proactivas en movilidad sostenible no solo garantiza el cumplimiento legal (en la mayoría de países), sino que también contribuye a mejorar la eficiencia, la responsabilidad social corporativa y la reputación empresarial.