La nueva Ley de Movilidad Sostenible redefine las obligaciones de empresas y grandes centros de trabajo. La norma introduce los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) y nuevos plazos y requisitos que marcarán la transición hacia un modelo más eficiente y descarbonizado.
Un nuevo marco para la movilidad sostenible en España
La movilidad se ha convertido en uno de los ejes de la transición ecológica y digital en España. Con la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado 8 de octubre, el Gobierno busca ordenar un sector clave para la competitividad y el bienestar, pero también establecer nuevas responsabilidades para las empresas.
La norma introduce la obligación de elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) y sienta las bases para un modelo más eficiente, seguro y menos contaminante.
Se trata además de una de las reformas estructurales incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, es una reforma imprescindible para el desembolso de cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos destinados a la descarbonización del transporte.
Objetivos de la ley
La Ley de Movilidad Sostenible es un marco legal integral diseñado para impulsar la descarbonización, la digitalización y la cohesión territorial del sistema de transporte en España. Regula instrumentos de planificación —como los planes de movilidad para empresas, municipios y grandes centros—, crea mecanismos de gobernanza y vincula la gestión de datos para mejorar la toma de decisiones.
“La ley introduce expresamente la figura del gestor de movilidad para los grandes centros de actividad. Pero incluso para empresas que no superen los umbrales obligatorios, contar con un gestor de movilidad es altamente recomendable”
¿Qué es el EDIM y para qué servirá?
El EDIM (Espacio de Datos Integrado de Movilidad) es un repositorio digital modular que centralizará información sistemática sobre la oferta y demanda de transporte, tanto en movilidad urbana como metropolitana e interurbana. También incluirá indicadores de uso, parámetros de grandes centros y registros de planes de movilidad.
Su objetivo es facilitar la interoperabilidad entre administraciones, operadores y empresas, apoyar la planificación basada en datos y habilitar servicios o aplicaciones derivados de esta información, siempre respetando la normativa de protección de datos.
Implicaciones de la nueva ley para las empresas
Diagnóstico y planificación obligatoria
Las empresas afectadas deberán realizar un diagnóstico de desplazamientos y definir medidas como teletrabajo, flexibilidad horaria, promoción del transporte público y activo, aparcamientos disuasorios, incentivos a vehículos limpios, coche compartido o instalación de recarga eléctrica si procede. Todo ello fijando indicadores y objetivos medibles.
Negociación colectiva y participación
Los planes deberán negociarse con la representación legal de los trabajadores y someterse a seguimiento periódico mediante informes cada dos años.
Integración con PRL y fiscalidad
Las medidas podrán conectarse con la prevención de riesgos laborales (movilidad segura) y con políticas de retribución o incentivos —como abonos de transporte—, lo que exigirá coordinación con RRHH, PRL y finanzas.
Obligación de información al EDIM
Ciertos parámetros e indicadores del plan pueden incorporarse al EDIM y/o registrarse en la administración territorial competente.
Plazos de cumplimiento
Empresas con centros de trabajo
Las empresas con centros con más de 200 personas (o 100 por turno) deberán disponer de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley. Además, deberán realizar seguimiento e informes bienales.
Grandes centros de actividad
Una vez publicados los criterios que los definen, estos centros deberán aprobar su plan en 18 meses desde la publicación. También deberán revisar el plan al menos cada cinco años y designar a un gestor de movilidad del centro.
“Las empresas con centros con más de 200 personas (o 100 por turno) deberán disponer de un PMST en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley”
¿Será necesaria la figura del gestor de movilidad?
La ley introduce expresamente la figura del gestor de movilidad para los grandes centros de actividad, aunque su papel va más allá del mero cumplimiento. Este profesional —interno o externo— será responsable del diagnóstico, definición de medidas, seguimiento de resultados y relación con la administración.
Incluso en empresas que no superen los umbrales obligatorios, contar con un gestor de movilidad es recomendable, ya que aporta coherencia técnica, facilita el acceso a subvenciones y asegura el cumplimiento de plazos y obligaciones.
Cinco consejos prácticos para adaptarse a la Ley de Movilidad Sostenible
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Revisar umbrales y normativa autonómica. Algunas Comunidades Autónomas pueden adaptar plazos o ampliar obligaciones. Conviene revisar reglamentos autonómicos y publicaciones del Ministerio.
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Preparar ahora el diagnóstico de movilidad. Adelantar el censo de desplazamientos, encuestas a la plantilla o inventario de infraestructuras agiliza el cumplimiento y reduce costes.
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Aprovechar fondos y ayudas. La ley se articula como vía de acceso a fondos estatales y europeos —como MOVES o los vinculados al Plan de Recuperación— que pueden combinarse con inversiones empresariales.
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Proteger los datos y el suministro al EDIM. El envío de datos exigirá garantías de anonimización y cumplimiento de la LOPDGDD/GDPR. El uso indebido o el envío de datos falsos está tipificado como infracción grave.
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Incluir la movilidad en la gobernanza interna. Es recomendable crear un equipo transversal —RRHH, PRL, compras, sostenibilidad, facilities— o externalizar un gestor de movilidad para asegurar la implantación, negociación y reporting.
Un punto de inflexión para empresas y grandes centros
La nueva Ley de Movilidad Sostenible marca un punto de inflexión, pues obliga a grandes empresas y centros de trabajo a planificar y reducir la dependencia del vehículo privado, introduce el EDIM como plataforma de datos y establece sanciones para incumplimientos.
La clave es anticiparse: diagnosticar desplazamientos, negociar medidas con la plantilla, designar responsables y conectar los planes con la gestión de datos y las ayudas públicas.
Más allá de los planes de movilidadEl objetivo de la nueva ley es claro: alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050. Por ello, todos los modos de transporte deberán reducir progresivamente su impacto climático, alineándose con los compromisos europeos de descarbonización. En este sentido, la nueva ley contempla un extenso cuerpo de medidas más allá de los PMST. La ley también impulsa el uso de energías renovables y la instalación de puntos de recarga eléctrica en infraestructuras y edificios relacionados con el transporte. En esta misma línea, se declaran de utilidad pública las infraestructuras de recarga eléctrica de alta potencia (más de 3.000 kW), agilizando los trámites y permitiendo incluso la expropiación de terrenos si fuera necesario. Además, Las gasolineras con ventas superiores a 10 millones de litros estarán obligadas a instalar puntos de recarga de al menos 400 kW, que deberán alcanzar 600 kW a partir de 2027. |
Miquel Armora
Responsable Movilidad y Formación de AEGFA
