Este sistema, incorporado a todos los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea, avisa automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente y comunica la posición exacta del vehículo.

La Comisión considera que el despliegue en el caso español ha sido inadecuado e incumple la normativa comunitaria en materia de seguridad vial. Así mismo, insta al gobierno español a responder en un plazo de 2 meses a las cuestiones planteadas en el expediente. De no ser así, la Comisión Europea podría enviar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.