La Comisión Europea ha anunciado el inicio de una investigación formal sobre los subsidios que China ofrece a los fabricantes de vehículos eléctricos de batería (BEV).

El objetivo de esta investigación es determinar si los fabricantes chinos de vehículos eléctricos puros se benefician de algún tipo de subvención por parte del gobierno chino. Y a su vez, si estas ayudas causan o amenazan con causar un daño económico a los productores de BEV de la UE. Así, la investigación examinará las probables consecuencias y el impacto sobre importadores, usuarios y consumidores de vehículos eléctricos de batería en la UE. 
A raíz de estas conclusiones, la Comisión determinará si a la UE le conviene remediar "los efectos de las prácticas comerciales desleales constatadas" mediante la imposición de aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos con batería procedentes de China.

Según Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, “el sector de los vehículos eléctricos encierra un enorme potencial para la futura competitividad y el liderazgo industrial ecológico de Europa. Los fabricantes de automóviles de la UE y los sectores relacionados ya están invirtiendo e innovando para desarrollar plenamente este potencial. Siempre que encontremos pruebas de que sus esfuerzos se ven obstaculizados por distorsiones del mercado y competencia desleal, actuaremos con decisión. Y lo haremos respetando plenamente nuestras obligaciones internacionales y de la UE, porque Europa respeta las reglas, dentro de sus fronteras y a nivel mundial. Esta investigación antisubvenciones será exhaustiva, justa y basada en hechos”.

La Comisión ha iniciado esta investigación de oficio, sin haber recibido una queja formal previa de la industria europea, y tras haber reunido pruebas suficientes de que el reciente aumento de las importaciones subvencionadas y a bajo precio de vehículos eléctricos procedentes de China en la UE "representaba una amenaza económica para la industria de automóviles eléctricos de la UE."

La investigación concluirá en un plazo máximo de 13 meses desde su inicio. Si está legalmente justificado, se podrán imponer derechos antisubvenciones provisionales dentro de los nueve meses posteriores al inicio, y las medidas definitivas se podrán imponer hasta cuatro meses después o dentro de los 13 meses posteriores al inicio de la investigación.